El capítulo explica cómo, tras la muerte de Franco, el Gobierno de Adolfo Suárez ideó una salida dentro de la legalidad vigente para desmontar el entramado franquista sin ruptura abrupta. Esa palanca fue la Ley para la Reforma Política (LRP): una norma aprobada por las propias Cortes franquistas y ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, concebida para abrir el paso a elecciones libres y a un Parlamento con legitimidad democrática. La LRP reconocía derechos políticos básicos, establecía un Congreso y un Senado elegidos por sufragio universal y, sobre todo, creaba el marco para sustituir el sistema autoritario por uno representativo mediante decisiones tomadas por la ciudadanía.

El texto subraya que la LRP no fue un consenso simple. La oposición democrática la percibió como una reforma “continuista” y discutió si debía respaldarla o boicotearla con la abstención. Sectores comunistas y parte del movimiento obrero y estudiantil defendieron ese boicot —con lemas del tipo “No legalices al franquismo con tu voto”— al considerar que la vía reformista blanqueaba el pasado. Aun así, el referéndum salió adelante con amplia mayoría, y la noche de la consulta Suárez apareció en televisión para presentar el resultado como el primer gran refrendo popular del proceso.

Aprobada la LRP, el Gobierno tuvo que acelerar medidas que dieran credibilidad a la apertura: alivio de la represión, primeros pasos hacia una verdadera libertad de asociación y reunión, y reglas claras para la inscripción de partidos. El 8 de febrero de 1977 se abrió el registro de formaciones políticas y, desde ese mismo día, se produjo una cascada de solicitudes que devolvió a la vida legal a partidos históricos y emergentes (entre ellos, fuerzas catalanas, vascas y de la izquierda plural).

Los resutados del referendum a la Ley de la Reforma Política aquí