La Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes el 18 de noviembre de 1976 y sometida a referéndo el 15 de diciembre de 1976. Fue la última Ley Fundamental del Franquismo que, permitió comenzar con el desmantelamiento del sistema político dictatorial desde su propio marco legal (de ahí la frase de Torcuato Fernández Miranda de "De la ley a la ley"), convocando elecciones libres por sufragio universal a los mayores de 21 años. Sus principales artífices fueron el presidente elegido por el monarca Juan Carlos I de Borbón (jefe de Estado elegido mediante la Ley Fundamental de Sucesión de 1947), Adolfo Suárez, y el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda. La presión social, tanto de las clases medias, de los sectores universitarios y de las clases subalternas, obreras y rulares, fue clave en esta decisión. Su explicación pormenorizada en el capítulo 9.
Las posiciones de los partidos y agrupaciones, algunas legales y otras clandestinas, fueron claras:
A favor:
La Unión de Centro Democrático (UCD) —aún no constituida formalmente, pero ya actuando como bloque reformista— y el gobierno de Suárez.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El Partido Comunista de España (PCE), que veía la ley como un paso necesario hacia la legalización y normalización política.
Otros grupos como el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, Democracia Cristiana, y formaciones nacionalistas moderadas como Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) o el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que buscaban abrir el proceso democrático.
Campaña en contra:
Sectores de la extrema derecha y del búnker franquista, como Fuerza Nueva de Blas Piñar o la Falange Española de las JONS (auténtica), que consideraban la reforma como una traición a los principios del régimen.
Algunos grupos de extrema izquierda y revolucionarios, como el Movimiento Comunista o la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), que rechazaban la transición pactada y reclamaban una ruptura total con el franquismo.
Campaña por la abstención:
Parte de la izquierda radical y organizaciones independentistas como Herri Batasuna en ciernes o sectores del independentismo catalán, que no reconocían la legitimidad del proceso.
Algunos grupos de oposición en el exilio que consideraban que el referéndum estaba convocado sin plenas garantías democráticas.
La aprobación de esta ley abrió la puerta a las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, poniendo fin a casi cuarenta años de ausencia de pluralismo político en España.
PARTICIPACIÓN: 77,38%