El capítulo analiza la etapa final de la dictadura franquista y los primeros pasos de la Transición, marcados por tensiones políticas, crisis social y movilización ciudadana.  Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, el rey Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado jurando fidelidad a las Leyes Fundamentales, lo que garantizó inicialmente la continuidad del régimen. El presidente Carlos Arias Navarro intentó un reformismo limitado con su proyecto de “apertura”, que fue insuficiente para la oposición y rechazado por el “búnker” franquista. Las movilizaciones obreras, estudiantiles y vecinales se intensificaron en 1976, con huelgas masivas en sectores como la construcción, la minería y la industria siderúrgica. La represión dejó decenas de muertos y centenares de heridos.

La acción ciudadana en la calle coincidió con divisiones internas en el gobierno "franquista sin Franco" y en el Ejército. En este contexto, el Juan Carlos I como jefe de Estado, nombró a Adolfo Suárez presidente del gobierno, a partir de una terna propuesta por el presidente de las Cortes y de el Consejo de Reino, Torcuato Fernández Miranda, en julio de 1976. Aunque, como el título de capítulo, fue criticado por toda la oposición antifranquista, desde democristianos o liberales a los miembros de las Coordinación Democrática. Sin embargo, marcó un cambio de rumbo: apostó por una reforma política desde la legalidad franquista, buscando integrar a la oposición y evitar una ruptura brusca. La Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum en diciembre de 1976, abrió la puerta a elecciones libres y al desmantelamiento institucional del franquismo.