El FRAP, surgido del PCE (m-l) en 1971, promovía una revolución popular y practicó guerrilla urbana con atentados y sabotajes. En 1975, el asesinato de un policía en Madrid desencadenó una represión intensa contra militantes clandestinos, especialmente del FRAP, culminando el 27 de septiembre con las últimas ejecuciones del franquismo: miembros de ETA (p-m) y del FRAP fueron fusilados o ejecutados, junto a otras muertes extrajudiciales. Testimonios como el de Manuel Blanco Chivite denuncian juicios sumarísimos sin garantías, torturas y una “amnistía selectiva” en la transición que excluyó a estos condenados, manteniendo figuras represivas como Roberto Conesa.

El MIL, activo a inicios de los 70, era un grupo de jóvenes de clase media que apoyaban luchas obreras y rechazaban jerarquías y atentados con explosivos. Se disolvió en 1973, pero la represión continuó contra sus miembros. Entre ellos, Salvador Puig Antich,  A partir de los años 60, surgieron nuevas organizaciones armadas vinculadas a un contexto europeo e internacional de violencia política —los “años de plomo”—, como ETA, el FRAP, el FAC o el MIL, en paralelo a fenómenos similares en Italia, Irlanda del Norte, Francia o Bélgica.

Estos episodios evidencian cómo el franquismo, incluso en sus últimos años, utilizó la justicia militar y la pena de muerte como instrumentos políticos, sin margen para reformas internas. La represión de las organizaciones armadas, unida a la violencia de Estado, dejó una huella de injusticia y arbitrariedad que marcó el final de la dictadura y condicionó la memoria histórica de la Transición.

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