El texto analiza el papel del movimiento obrero, vecinal y rural en la oposición al franquismo, partiendo del contexto económico y social de la posguerra. Tras la Guerra Civil, España sufrió una devastación generalizada, agravada por la represión política y una política económica autárquica inspirada en modelos fascistas que provocó escasez, corrupción y estraperlo. Mientras Europa se recuperaba gracias al Plan Marshall, España quedó aislada y no alcanzó los niveles previos a la guerra hasta los años sesenta, cuando los tecnócratas del Opus Dei impulsaron el abandono de la autarquía y el Plan de Estabilización de 1959. Este modernizó la economía y fomentó el crecimiento, aunque aumentó las desigualdades.
En el plano laboral, la Ley de Convenios Colectivos permitió una limitada negociación, pero siempre dentro del sindicato vertical controlado por el régimen. La urbanización acelerada creó una nueva clase obrera sin vínculos con el sindicalismo republicano, nacida en un marco corporativista. Desde 1952 surgieron comisiones de trabajadores con demandas concretas, germen de Comisiones Obreras (CC. OO.), impulsadas por el PCE, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y otros grupos. Aprovechando resquicios legales, CC. OO. se infiltró en la estructura oficial, liderando luchas en zonas industriales como Barcelona, Madrid, Vizcaya y astilleros de varias ciudades. A mediados de los sesenta, la Coordinadora General de CC. OO. consolidó una estrategia más cohesionada.
El régimen respondió con una represión creciente: la Brigada Político-Social vigilaba, infiltraba y detenía; el Tribunal de Orden Público legalizaba la represión, con torturas y condenas severas. El punto álgido fue el Proceso 1001 (1972-1973), donde la cúpula de CC. OO. fue juzgada en un clima de máxima tensión. Aunque las condenas fueron inicialmente muy altas, la presión nacional e internacional las redujo, y el juicio fortaleció al sindicato y generó solidaridad interna y externa.
El desarrollismo económico provocó un éxodo rural hacia polos industriales, originando barrios periféricos precarios que se convirtieron en “cinturones rojos”. La Ley de Asociaciones de 1964 permitió la creación de asociaciones vecinales que, influenciadas por militantes de izquierda y católicos de base, impulsaron mejoras en infraestructuras, educación y sanidad. Figuras como el padre Llanos en El Pozo del Tío Raimundo articularon redes comunitarias que unieron reivindicación social y compromiso político. Estos movimientos, aunque descentralizados, fueron espacios de aprendizaje democrático y de politización popular.
CC. OO. tuvo un papel relevante en estos barrios, reforzando la conciencia obrera que luego se tradujo en apoyos electorales a partidos de izquierda tras la muerte de Franco. Las asociaciones mantuvieron su autonomía, con un modelo organizativo horizontal y diverso, en el que convergían influencias anarquistas, socialistas y comunistas. Los abogados laboralistas también desempeñaron un papel clave, ofreciendo asesoría y promoviendo derechos, especialmente para mujeres. Cristina Almeida, por ejemplo, vinculó su compromiso al trabajo educativo y feminista en barrios populares, combatiendo el analfabetismo y la desigualdad.
En el ámbito rural, regiones como Andalucía y Galicia reactivaron su conciencia política gracias a nuevas generaciones que retomaron las reivindicaciones campesinas. Así, la movilización obrera, vecinal y rural no solo luchó por mejoras materiales, sino que generó una cultura política de base, independiente de estructuras partidistas, que resultó esencial para la transición democrática.
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