El capítulo 17, cuestiona que la Transición concluyera en 1982 con la victoria del PSOE. Sostiene que aquel triunfo simbolizó alternancia y cambio cultural, pero no cerró tareas pendientes: consolidar instituciones (Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, educación) y modernizar la economía, en un contexto de violencia política y miedo a la involución. Recapitula la secuencia que llevó hasta 1982 —designación de Juan Carlos I, nombramiento de Suárez dentro del marco de la Ley de Sucesión (1947) y la Ley Orgánica del Estado (1967), “harakiri” de las Cortes, referéndum de la Reforma Política, elecciones de 1977, Constitución de 1978 y nueva cita electoral— para subrayar que el proceso fue intenso y conflictivo, no lineal ni “modélico”.
El texto denuncia la mitificación de la Transición y el “pacto del silencio” como una desactivación del pasado traumático. A partir de una lectura de la viñeta de Peridis, critica la imagen pacificada de 1975-1982 y recuerda su dimensión violenta; cita, además, percepciones sociales que encubrían ese conflicto (por ejemplo, en 2008 un 36,1 % asociaba la Transición con una realización “en paz y sin violencia”). También recoge datos del CIS de 1989 que muestran equidistancia sobre el franquismo, efecto de una narrativa que diluyó responsabilidades. Sitúa aquí la genealogía de una “tercera España” identificada con el consenso, útil para integrar, pero asimétrica (las renuncias exigidas al PCE), y advierte de su mutación reciente hacia un liberalismo económico con conservadurismo social reacio a revisar el pasado. El capítulo reivindica un imperativo democrático explícito (antifascismo y Derechos Humanos) como base común.
Otra tesis central es que la mayoría absoluta del PSOE alteró las reglas del juego: se pasó de una democracia constituyente y participativa —con consultas clave en 1976 y 1978— a otra delegativa, con escasas consultas nacionales posteriores (OTAN 1986, Constitución Europea 2005). Iñaki Gabilondo interpreta muchas “omisiones” como decisiones estratégicas para no desestabilizar; Francisca Sauquillo y Cristina Almeida subrayan deudas con la memoria de las víctimas y con los derechos de las mujeres. En paralelo, grandes eventos (Mundial-82, Barcelona-92 y Expo-92) consolidaron un relato de orgullo y normalización que contribuyó a invisibilizar conflictos pendientes; la modernización mediática (Torrespaña) funcionó como símbolo de una España nueva.
La crisis de 2008, las políticas de austeridad y la tutela de la “Troika” erosionaron la soberanía percibida y precipitaron el 15M, un movimiento horizontal y asambleario que diagnosticó una “crisis de régimen” y desplazó al centro debates sobre desigualdad, vivienda, feminismo y democratización. El capítulo aporta datos de apoyo social al 15M y describe la crítica a las “élites extractivas”. Registra la reacción mediático-política (incluida la “policía patriótica”) y la emergencia de Podemos —que populariza el marco “Régimen del 78”— y de Ciudadanos, así como las controversias que suscitan. Se recogen lecturas críticas y matizadas (Pablo Simón, Joaquín Estefanía, Nicolás Sartorius) y se describe una fractura generacional aún abierta. El cierre propone entender el constitucionalismo como proceso vivo: compara la capacidad reformista de Alemania e Italia con la rigidez española y plantea si no es necesario actualizar la Constitución para incorporar nuevos derechos y responder a transformaciones sociales y territoriales.
Las siguientes gráficas, sacadas de los resultados de los barómetros del CIS, muestran como a partir del estallido de la crisis se agrava una tendencia en favor de reformar la Constitución. Del mismo modo, el "grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia" cayó a los niveles más bajos de la democracia actual en 2012.
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