El capítulo describe el desgaste político y social que sufrió el PSOE a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, tras casi una década en el poder. Aunque los gobiernos de Felipe González habían consolidado importantes reformas modernizadoras y la integración internacional de España, comenzaron a acumularse problemas que desembocaron en una profunda crisis de credibilidad.
En el plano económico, la segunda mitad de la legislatura estuvo marcada por el aumento del desempleo, el impacto de la reconversión industrial y una percepción creciente de desigualdad social. La huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada por UGT y CCOO, simbolizó la ruptura entre el Ejecutivo y el movimiento sindical, hasta entonces uno de sus principales apoyos. El descontento social se combinó con tensiones internas en el partido y con un escenario económico menos favorable.
El PSOE sufrió un deterioro de su imagen a raíz de escándalos de corrupción que implicaron a miembros de la administración y del partido. Casos como el de Juan Guerra, el caso Filesa o las irregularidades en la financiación socialista dañaron la confianza ciudadana. Paralelamente, la política antiterrorista se vio envuelta en la polémica por la aparición de los GAL, que pusieron en cuestión el respeto a los derechos humanos y alimentaron las críticas de la oposición.
El modelo autonómico también generó fricciones. La relación con Cataluña y el País Vasco se tensó, y las negociaciones para transferencias competenciales se volvieron más complejas. En el ámbito internacional, pese a los éxitos en la política europea y la consolidación en la CEE, la política exterior perdió protagonismo en la agenda pública frente a los problemas internos.
La combinación de crisis económica, escándalos de corrupción y erosión del liderazgo debilitó gravemente al PSOE. Aunque Felipe González mantuvo el control del gobierno, la percepción de desgaste era evidente. El partido afrontó las elecciones de 1993 con una situación inédita: perdió la mayoría absoluta y tuvo que recurrir a pactos parlamentarios para sostenerse en el poder. Esto inauguró una etapa de mayor inestabilidad política, con la oposición —principalmente el Partido Popular de José María Aznar— fortalecida y preparada para disputar el gobierno.
En síntesis, la “crisis del gobierno socialista” fue el resultado de un cúmulo de factores: agotamiento del proyecto político, debilitamiento de los lazos con los sindicatos, aparición de graves casos de corrupción, cuestionamientos en materia de derechos humanos y una coyuntura económica adversa. Todo ello marcó el final de la etapa de hegemonía absoluta del PSOE e inauguró un ciclo de gobierno más frágil y condicionado por acuerdos parlamentarios. Terminó con la victoria del PP en 1996 que, tras alcanzar acuerdos de gobierno y de investidura por parte de CiU y el PNV, accedió al Gobierno.
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