El capítulo versa sobre las "transiciones pendientes" que se pusieron en marcha con el gobierno de Felipe González tras su aplastante victoria en 1982. Volvió a ganar con mayoría absoluta en 1986, aunque con una ligera pérdida de apoyo respecto a 1982, convirtiendo al PSOE como fuerza hegemónica y al propio González como figura central de la política española. Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga, mantuvo su papel como principal partido de la oposición, mientras que Izquierda Unida, coalición en torno al PCE, buscaba consolidarse en el nuevo escenario político.
Uno de los hitos de la legislatura fue el referéndum de marzo de 1986 sobre la permanencia de España en la OTAN. Aunque el PSOE había prometido la salida en su programa de 1982, González defendió ahora la permanencia condicionada, obteniendo un resultado favorable con un 52,5 % de votos a favor. Este cambio generó críticas en sectores de la izquierda y movimientos pacifistas, pero reforzó la imagen de responsabilidad internacional del gobierno y su alineamiento con Europa Occidental y Estados Unidos.
En política económica, el Ejecutivo continuó con medidas de modernización y liberalización, manteniendo la disciplina presupuestaria y el control de la inflación, pero con un coste social notable. La reconversión industrial y las reformas laborales provocaron tensiones con los sindicatos, culminando en la huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada por UGT y CCOO. Esta movilización masiva, la mayor desde la Transición, expresó el rechazo a las políticas económicas y sociales del gobierno, aunque no alteró sustancialmente su rumbo.
En el terreno social, se aprobaron leyes de gran calado, como la de reforma educativa y medidas de ampliación de derechos, incluyendo la despenalización parcial del aborto en 1985. También se desarrollaron políticas para consolidar el Estado del Bienestar, reforzando la sanidad pública y extendiendo servicios sociales, aunque persistían desigualdades territoriales y carencias presupuestarias.
El Estado de las Autonomías avanzó con la firma de los Acuerdos Autonómicos de 1987 entre PSOE y AP, que fijaron un calendario para equiparar competencias entre comunidades, reduciendo tensiones y cerrando en gran medida el diseño institucional iniciado en 1978. En política exterior, el gobierno culminó la adhesión plena a la Comunidad Económica Europea en enero de 1986, integrando a España en el mercado común y abriendo nuevas oportunidades económicas, aunque también retos de competitividad.
La segunda legislatura socialista estuvo marcada por la combinación de estabilidad política y tensiones sociales. El liderazgo de González se mantuvo sólido, pero comenzaron a aflorar signos de desgaste y críticas a la gestión económica, la corrupción incipiente y la distancia con sus bases sindicales. Pese a ello, el PSOE logró mantener su hegemonía, beneficiándose de una oposición aún en reorganización y de una economía en crecimiento. En síntesis, esta etapa supuso la consolidación del proyecto socialista iniciado en 1982, con importantes avances en integración europea, modernización económica y desarrollo autonómico, pero también con la aparición de conflictos sociales que marcarían el final de la década.
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