Tras las elecciones de 1979, Adolfo Suárez y la UCD revalidaron el Gobierno, pero el nuevo Parlamento resultó más fragmentado y combativo. La crisis económica, la conflictividad laboral, el terrorismo y las tensiones autonómicas condicionaban su gestión. Aunque los Pactos de la Moncloa habían supuesto un acuerdo histórico para frenar la inflación, reformar el sistema fiscal y sentar bases de estabilidad política, sus medidas —contención salarial, reforma tributaria, racionalización del gasto público— generaron resistencias sindicales y descontento social.

En el interior de UCD afloraban divisiones entre sus diferentes corrientes: democristianos, liberales, socialdemócratas y procedentes del franquismo reformista. El partido, concebido como plataforma amplia, comenzó a mostrar fisuras. La oposición parlamentaria, liderada por PSOE y PCE, cuestionaba el liderazgo de Suárez, mientras nacionalistas catalanes y vascos presionaban por el desarrollo autonómico.

En este clima, el terrorismo —especialmente de ETA— y la violencia de extrema derecha alimentaban la inquietud de los mandos militares. La aprobación de los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco en 1979, y las demandas de otras regiones, provocaron recelos en sectores castrenses que percibían un riesgo para la unidad del Estado.