Manuela Carmena ha sido una destacada abogada laboralista durante los años setenta y una de las cofundadoras del despacho donde ocurrió la matanza de Atocha (1977). Militó en el PCE desde 1965 y figuró en la lista por Madrid en las generales de 1977. Durante la dictadura y la Transición defendió a obreros y detenidos ante el Tribunal de Orden Público, convirtiéndose en una referencia del antifranquismo jurídico.
Tras abandonar la militancia partidaria, ingresó en la judicatura en enero de 1981 (primer destino: Santa Cruz de La Palma). En esa década impulsó prácticas garantistas —especialmente como jueza de vigilancia penitenciaria en Madrid— y fue una de las fundadoras de Jueces para la Democracia (1983), asociación clave en la modernización y el pluralismo del poder judicial. En 1986 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos por su defensa de los derechos socioeconómicos y su empeño en acercar la justicia a la ciudadanía.
Trabajo en tres frentes principales durante aquellos años: (1) la defensa de libertades y derechos laborales desde el activismo profesional y la abogacía antifranquista; (2) la profesionalización de la vigilancia penitenciaria y la promoción de estándares de derechos humanos desde la judicatura; y (3) la creación de redes asociativas judiciales progresistas. No ocupó cargos políticos en ese periodo: su contribución fue jurídica e institucional, con impacto duradero en la cultura democrática española.
Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001.
Alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019.